El contexto del posconflicto es tal vez la oportunidad de oro para que como sociedad dejemos de darle la espalda y le pongamos el pecho a las ruralidades dispersas

 

María Clara Ortiz Karam*

Con emoción, pero también con mucho dolor, después de 27 años regresé a la parte alta del río Caquetá en donde confluyen los departamentos de Caquetá, Cauca y Putumayo. Es una zona poblada por colonos desplazados de diferentes regiones del país, pero en especial del Pacífico nariñense y caucano, en su mayoría expulsados por la violencia y la pobreza.

En Colombia no existe una ruralidad, sino múltiples ruralidades, a las que el país urbano les ha dado la espalda, tal como muchos asentamientos ribereños lo hacen con sus ríos. Los navegan cuando se puede, les sacan el agua, la pesca y los minerales, y les devuelven los desechos que producen, arrasan con su vegetación, alteran su cauce, contaminan sus aguas y, después, sufren las consecuencias de las inundaciones, la contaminación y la pérdida de navegabilidad, entre otras.

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A pesar de los límites geográficos y las restricciones absurdas que estos límites imponen, los campesinos, colonos e indígenas luchan para que sus hijos puedan acceder a la escuela, sin importar si esta pertenece o no al municipio o departamento en el que tienen su predio o trabajan como mayordomos. Son escuelas a las que llegan maestros que casi siempre tienen que vivir en cuartos improvisados, compartiendo las múltiples formas de pobreza y abandono de las comunidades a las que llegan. Las escasas dotaciones y mejoramientos, cuando llegan, llegan a las sedes principales, que se ubican en los centros más poblados y que, por lo general, es dónde se ofrece la educación secundaria y media, cuando es posible en internados que casi siempre carecen de las condiciones básicas.

En el caso de Putumayo, por poner solamente un ejemplo, la alcaldía de Puerto Guzmán logra asumir el costo del transporte de los estudiantes en canoa, pero sin poder garantizar las condiciones mínimas de seguridad. En cuanto a la alimentación escolar, en una región en la que los colonos producen carne, leche, queso, plátano, yuca, maíz, frutas y huevos, entre otros, dadas las absurdas dinámicas institucionales y la corrupción del sistema, las escuelas, cuya independencia para asuntos administrativos es nula, son obligadas a comprar productos a intermediarios a unos costos altísimos y sin ningún tipo de control de calidad, por lo que buena parte de los mismos no son aptos para el consumo humano.

La escuela de Sachamate, en el municipio de Puerto Guzmán, no tiene una batería sanitaria y el agua la recogen con motobomba del río Caquetá. Cuenta con una letrina en pésimas condiciones y las tejas de la escuela están perforadas porque son de segunda (son lo mejor que la comunidad, que ha construido la escuela con recursos propios, logró conseguir). El restaurante escolar lo está construyendo el municipio con el apoyo de la comunidad, pero aún no está terminado. En la escuela enseña Argenis, la única maestra para 13 estudiantes. A 30 minutos, trocha adentro, queda la escuela Saudita, con 21 estudiantes y con los mismos problemas de Sachamate. A lo largo y ancho de la Orinoquia y la Amazonia se repite la misma situación.

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El contexto del posconflicto es tal vez la oportunidad de oro para que como sociedad dejemos de darle la espalda y le pongamos el pecho a las ruralidades dispersas. Es el momento de acercarnos y construir con ellas una posibilidad real de garantizar el derecho a la educación de todos y con todos.  Es el momento de pensarnos qué tipo de educación y para qué tipo de sociedad es la que necesitamos, y cómo superamos el eficientismo de la cobertura con el derecho al aprendizaje con sentido para todos.

Pero también es el momento de que entendamos que la transformación de la educación requiere la confluencia de propósitos y acciones de las políticas sociales y económicas. Lo anterior pasa por ponerles la cara a las comunidades y construir con ellas una ruta que posibilite realmente ser un Estado Social de Derecho. Es decir, pasa por que, como sociedad, construyamos una posibilidad de desarrollo a escala humana y entendamos que el derecho a la educación implica dignificarnos como seres humanos mediante un diálogo real y auténtico que posibilite construir formas alternativas que superen una estructura que hoy no está en capacidad de responder a la deuda histórica que tenemos con las comunidades rurales.

*Subdirectora de la línea de conocimiento para la acción en la Fundación Empresarios por la Educación, una organización de la sociedad civil que conecta sueños, proyectos, actores y recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.

Fuente original: EL MUNDO

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