Al analizar la propuesta de ajuste al Sistema General de Participaciones, SGP, el Gobierno Nacional insiste en avanzar hacia un modelo educativo oficial bueno, bonito y barato, pero de mala calidad.

Por: Ángel Pérez Martínez

En el Congreso Nacional se discute el proyecto de ley número 057 de 2018, donde se propone una lánguida reforma a la Ley 715 y al Sistema General de Participaciones, SGP. Proyecto cuyo único propósito es mejorar la eficiencia del sector educativo, para lo que exige más resultados a los sistemas de información de la educación básica y media, racionaliza el uso de los docentes en las plantas de personal y otorga mayores responsabilidades a las entidades territoriales, sin recursos adicionales.

Nadie con algún sentido de lo público y de la ética se puede oponer a usar de manera eficiente los recursos del sector educativo y siempre será necesario trabajar en ese sentido, para consolidar controles institucionales y sociales efectivos en la meta de lograr el más alto impacto con los recursos del sector.

No obstante, sin descuidar la gestión del sector educativo y la eficiencia en el uso de los recursos, hoy este no es el problema de la educación en Colombia; al contrario, la educación básica y media oficial no está lejos de la educación privada con menos recursos. El problema real de la educación en el país es que faltan recursos para mejorar la calidad de la educación de los más pobres, lo que se constituye en un obstáculo insalvable para avanzar en la equidad y en las posibilidades de una mejor calidad de vida para la población.

Sin embargo, me sorprendo con lo que está pasando en los últimos años en Colombia, con respecto a la financiación de la educación, al parecer por primera vez estamos todos de acuerdo, menos el gobierno: hacen falta recursos para la educación y este es un problema estructural de la educación, no solo es un problema de eficiencia, así lo expresó la gerente de la Fundación Compartir, Luisa Gómez, en un foro de educación rural.

También, en un reciente encuentro que organizó la Secretaría de Educación de Bogotá, los expertos Alfredo Sarmiento del PNUD, Luis Piñeros del BID y Jorge Iván González, profesor de la Universidad Externado, plantearon la necesidad de incrementar los recursos de la canasta educativa para los estudiantes de los colegios oficiales.

Sin olvidar, que la Federación Colombiana de Educadores – Fecode- ha sostenido y evidenciado la falta de recursos para solo lograr con algún grado de estabilidad el funcionamiento de los colegios oficiales, insistiendo que faltan recursos para la calidad y para establecer la jornada única.

Además, la Fundación Empresarios por la Educación en el documento Ideas para Tejer, reflexiones sobre la educación en Colombia 2010-2018, propone aumentar el gasto educativo al 6% del PIB. La fundación sostiene que “el aumento de recursos en educación preescolar, básica y media debe dirigirse a los componentes y programas que impactan de manera directa el mejoramiento de la calidad”.

La experiencia internacional señala que gastamos en educación básica y media 4 veces menos por estudiante, que lo que gastan en promedio los países de OCDE.  La evidencia nacional indica que los costos que pagan los padres de familia por la educación de sus hijos en colegios privados de buena calidad, supera los $1,5 millones al mes, mientras que en el sector público oficial estamos invirtiendo entre $250.000 y $400.000 por niño al mes, dependiendo de la entidad territorial y la capacidad de captar recursos propios del municipio, distrito o departamento. El promedio nacional tiende a $300.000 al mes por estudiante en colegios oficiales.

La importancia política que en los últimos 20 años los gobiernos le otorgaron a la seguridad y a la guerra (Gobierno Uribe) y al desarrollo de la paz y de la infraestructura (Gobierno Santos) demostraron que se pueden hacer ajustes y sacrificios fiscales, en favor de propósitos que de alguna manera la mayoría de los ciudadanos terminan compartiendo.

En la pasada columna escribí que durante los años 70 y 80 del siglo pasado nos dedicamos a montar un sistema educativo barato luego en los años 90 tuvimos la oportunidad rectificar este proceso y así lo hicimos, alcanzamos a gastar cerca del 50% de los ingresos corrientes en educación, salud y saneamiento básico, la mayoría de estos recursos 57% se destinaban a educación.

A partir del año 2002 nos hemos dedicado a reducir la participación del SGP en los ingresos corrientes de la nación, hasta alcanzar cerca del 29%.

Una reforma al SGP en primer lugar debe partir del hecho que faltan recursos para el sector educativo y que es de tal magnitud (por lo menos 2 puntos del PIB) que se requiere un proceso de gradualidad a 10 o 15 años para alcanzar esta meta; segundo, se necesita apoyo político y concertación para resolver el problema, en cualquier sentido se reclama un mínimo de diálogo y discusión con el sector educativo, a lo mejor sin extremos, entre todos podemos encontrar soluciones de mediano plazo; y tercero, una reforma del SGP deberá considerar varios objetivos a lograr, entre los que destaco: duplicar la inversión actual por estudiante en los municipios y departamentos más pobres y violentos del país; garantizar el pago de las nóminas de los docentes, del personal administrativo de los colegios y de las secretarías de educación, así como los gastos recurrentes (mantenimiento colegios, transporte y alimentación escolar); y aumentar los recursos para calidad, los datos muestran que más del 95% de los recursos, en la mayoría de las entidades territoriales, se utilizan para pagar gastos de personal y no hay plata para variables que inciden en la calidad de la educación, como por ejemplo compra de libros, acceso a Internet de buena calidad y bibliotecas escolares.

Artículo tomado de: Dinero.com

 

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