Este Plan promete un cambio fundamental. En unos años podremos comprobar si era real o si se trataba solo de un slogan de gobierno: “Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos”.

Julián Moreno Parra*

Dicen que la ausencia de políticas públicas de largo aliento hace que cada cuatro años los planes cambien, incluso radicalmente. Cambian los funcionarios, cambian las prioridades, cambian los recursos, cambian los lenguajes y cambian las estrategias que construyen país. En apariencia, todo cambia.

Y tiene sentido cambiar para mejorar. Sin embargo, no todos los colombianos disfrutan de ese cambio: la pobreza, la desigualdad, el asesinato de líderes sociales, la falta de educación y la desatención en salud, entre otras realidades, continúan pendientes y aún no cambian.

A más de un mes de convertirse en ley, el Plan Nacional de Desarrollo ya comenzó el trámite de aprobación en el Congreso. Mientras tanto, la ciudadanía se mantiene a la espera de conocer las propuestas que cambiarán su destino y algunos sectores alertan sobre cambios con los que no están de acuerdo.

Parece que a la gente de a pie no le interesa el Plan. Nada más entendible en un país en el que la mayoría de la población no planea su futuro por estar ocupada buscando el sustento diario y delega en otros su destino. Pero hay otro lugar en el que se renuevan las oportunidades cada vez que hay un cambio de gobierno: quienes asumimos liderazgos desde la sociedad civil vemos en los Planes la oportunidad para volver a soñar, proyectar avances y orientar el cambio entre todos.

Este Plan promete un cambio fundamental. En unos años podremos comprobar si era real o si se trataba solo de un slogan de gobierno: “Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos”. Con lo expuesto en los documentos de bases y de inversiones es posible anticipar algo de ese futuro.

Para empezar, entre 2019 y 2022 “se proyectan 216,5 billones de inversión para el sector educativo, de los cuales 135,7 (62,7%) son recursos públicos y 80,7 (37,3%) de inversión privada”. A juzgar por el proyecto de ley y el presupuesto presentado, surge la pregunta por cómo se conseguirán estos recursos privados, que representan más de un tercio del total programado para el sector educativo, y qué programas financiarán.

Además, se apostará por “aumentar el número de estudiantes que logran trayectorias educativas completas”, desde la primera infancia hasta la educación superior, estrategia que conduciría a la esperada articulación de las entidades y sistemas educativos que durante años han estado sin coordinación y sin capacidad para garantizar el acceso y la permanencia al 100% de estudiantes que cambian cada año de un nivel educativo a otro.

“La educación rural contará con una política pública” que fomente el desarrollo regional, el cierre de brechas y el mejoramiento del acceso y la calidad en la ruralidad dispersa. Sin embargo, este propósito no va de la mano con el hecho de que sólo se incluyan metas de cobertura y una meta asociada a incrementar a 26% la tasa de trayectoria inmediata entre la educación media y superior.

“Diez mil directivos docentes harán parte del primer centro de liderazgo educativo del paísfinanciado con recursos públicos. Pero sobresale por su ausencia la construcción de una política pública para la formación de directivos y docentes que lo enmarque. El Plan Decenal de educación no se menciona, ni se aprovecha como plataforma social para avanzar en la solución de los diez desafíos nacionales definidos desde 2016.

Por último, se fortalecerán programas que vienen de gobiernos anteriores como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar, Todos a Aprender, Jornada Única y el polémico Ser Pilo Paga (hoy Generación E)”, ampliando sus coberturas y ajustando sus esquemas de operación, y además la educación media contará con un programa de tutorías. Pero estos programas demandan cada vez más recursos y por lo tanto se requiere realizar reformas en la financiación educativa que no se contemplan en el Plan.

Es cierto, muchos planes no se cumplen y en la mayoría de los gobiernos nacionales y locales su ejecución es inconclusa. Pese a esto, la alternativa está en persistir para planear el cambio. Esto lo aprendimos con los cambios que ha logrado la educación en Colombia. La clave está en mantener lo que anteriores gobiernos han hecho bien, atreverse a interrumpir lo que no ha resultado, fortalecer los programas que están resolviendo problemas estructurales y plantear alternativas a situaciones que no se han logrado cambiar.

*Asesor en la Fundación Empresarios por la Educación, una organización de la sociedad civil que conecta sueños, proyectos, actores y recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.

Fuente original: EL MUNDO

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