Cuando en 2015 los Estados miembros de Naciones Unidas se reunieron en Nueva York en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible se aprobó la Agenda 2030, que definió los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. 

Partiendo de la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos para garantizar el desarrollo, el Objetivo 4, Educación de Calidad, propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.  

Para nadie es un secreto que en Colombia no tenemos un sistema educativo que ofrezca igualdad de oportunidades de aprendizaje a todos. Absurdamente, son más determinantes para los logros educativos el lugar de nacimiento y la capacidad adquisitiva de los padres, que el esfuerzo, el trabajo y las capacidades individuales de cada niño. Las cifras nos muestran una realidad muy amarga: 1 de cada 2 niños de 15 años en el país no sabe ni leer bien, ni hacer ejercicios aritméticos simples, ni inferencias sencillas sobre su mundo. Ni si quiera estamos logrando que todos los niños entren al colegio y permanezcan allí hasta graduarse de bachilleres: la mitad desertan en el camino. Entonces, aunque hoy la educación ocupa el primer lugar de interés de inversión social en el mundo empresarial, y el primer renglón de inversión pública en nuestro país, queda mucho aún por hacer. Además, es importante recordar, cuantas veces sea necesario, que al firmar el Acuerdo de Paz hicimos un compromiso con la construcción de un país más democrático, equitativo y, sobre todo, en paz: una oportunidad única para construir nación en los lugares más apartados, que no solo han sufrido en carne propia el conflicto, sino el más inhumano abandono de todas las instituciones, entre ellas la educativa.  

En este contexto, el país discute hoy el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Diversos actores de la sociedad civil venimos trabajando para incidir en el mismo, buscando quretome aprendizajes y retos del anterior Plan y del Plan Nacional Decenal de Educación; que recoja la diversidad regional y de contextos y los desafíos que plantea el posconflicto; que recoja las voces de familias, estudiantes, docentes, directivos, investigadores y de la sociedad en general, todos actores comprometidos con la educación y portadores de saberes y propuestas que se deben plasmar en esta nueva hoja de ruta nacional. Lo anterior implica trabajar, desde la corresponsabilidad, por una mayor equidad; reconocer la ruralidad, las regiones más dispersas y a los grupos étnicos; invertir recursos técnicos, financieros y sociales; asumir un abordaje integral e innovador del sistema y de los procesos educativos; la construcción conjunta de soluciones a partir de reconocer experiencias pedagógicas inspiradoras en la escuela; fortalecer liderazgos que transformen relaciones y prácticas y generar ambientes dignos para el aprendizaje y la convivencia. 

Es fácil coincidir en que el aumento en la inversión de recursos para educación supone una base fundamental para generar condiciones que permitan garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes del país, pero se requieren estrategias innovadoras que promuevan sinergias, incidan en mejorar la calidad de la educación y generen un impacto colectivo. El reto de generar alianzas y articulaciones no es menor, la mayoría de organizaciones que invierten en educación están acostumbradas a trabajar de manera individual y con las mejores intenciones llegan directamente con sus iniciativas a las instituciones, sin que, en ocasiones, se propicien diálogos previos que permitan adaptar la oferta a la demanda de las regiones y de las mismas instituciones.   

El año pasado, la inversión realizada por los miembros y aliados de la Fundación en educación superó los 500.000 millones de pesos; y en la última encuesta de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) publicada por la ANDI, el 56,5% de los empresarios colombianos afirmaron realizar donaciones en especie y recursos a proyectos sociales, entre los que cuentan iniciativas en educación, convirtiéndose así en el mecanismo de RSE más común, seguido por el apoyo a programas sociales desarrollados al interior de las empresas. Paralelamente, de acuerdo con un estudio reciente de McKinsey sobre el estado de la educación colombiana, los empresarios en Colombia invierten más en educación que cualquier otro país de la región, siendo este el sector de inversión social por excelencia. 

Cobra entonces gran relevancia la necesidad de sumar esfuerzos desde los diferentes sectores para avanzar con propuestas y acciones concretas, desarrolladas organizadamente, que pongan en diálogo las iniciativas privadas, las prioridades de política y las prioridades y realidades locales y de las escuelas. Solo a partir de allí agregan valor y cobran sentido nuestras acciones. Las cifras arriba expuestas reafirman el rol de nuestra Fundación de promover acercamientos entre organizaciones públicas y privadas que permitan aunar esfuerzos y generen espacios de diálogo que posibiliten identificar fortalezas y complementariedad entre las iniciativas para su cualificación, articulación y expansión.  

Para ello, eSistema de Información de la Inversión Pública y Privada en Educación (SIIPE) mapea y organiza datos valiosos sobre acciones desarrolladas desde el sector privado, ya hora desde el sector público también, que promueven la garantía del derecho a una educación de calidad desde el fomento de la equidad, la sostenibilidad y el fortalecimiento sociocultural de las comunidades. Las experiencias allí referenciadas se caracterizan por promover la participación de agentes educativos y el empoderamiento de comunidades, formular acciones que permitan la sostenibilidad de los logros educativos y apoyar la gestión y la articulación con los entes territoriales y el gobierno nacional. 

El gran reto al que nos enfrentamos reto es potenciar la inversión social en educación, articulando acciones para disminuir las brechas de inequidad social y económicaNos anima la posibilidad de aportar al logro de agendas globales y nacionales desde el diálogo y el encuentro de ideas, partiendo de la lectura crítica de la realidad y los avances del país en materia educativa. Necesitamos urgentemente poner en el centro la confianza para construir acuerdos de país que den sentido y contenido pertinente y contextualizado a las metas y objetivos que guiarálas políticas educativas en los próximos años.