En la Sentencia T-651 de 2007, la Corte Constitucional reiteró que el debido proceso, como derecho fundamental, aplica a toda clase de acciones judiciales y administrativas, incluyendo los procesos que adelanten las instituciones educativas. Esto supone que las faltas estén previamente determinadas en el reglamento, que exista un procedimiento sancionatorio reglado, que se comunique formalmente la apertura de los procesos, que se compartan las pruebas con el disciplinado y que se le dé oportunidad de contradecirlas.
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Regulatory management
Artículos:
N/A
Idioma:
Español