Ideas para tejer: reflexiones sobre la educación en Colombia 2010-2018
¿Qué significa que Colombia sea la mejor educada en 2025? ¿Cuáles son las implicaciones de esta meta? ¿Es solo un tema de mejorar resultados en las pruebas Saber y Pisa? ¿Cómo garantizar el derecho a la educación para todos, en todos los contextos? ¿Cómo estamos y qué debemos hacer?
Que Colombia sea la más educada en 2025 significa que en el país se han garantizado las condiciones para que la educación amplíe las oportunidades sociales y las capacidades humanas de todos los estudiantes, independientemente de su contexto social, económico o cultural, aportando, además, al incremento de la productividad de las personas y del país. Qué Colombia sea la más educada en 2025 significaría que hemos garantizado el derecho a la educación para todos, brindando una educación que amplía las posibilidades para que las personas tengan una mejor calidad de vida en el contexto de una sociedad más democrática.
Tras ocho años de gobierno de Juan Manuel Santos, se hace necesario revisar los avances en materia de educación, máxime teniendo en cuenta que esta fue una de las tres prioridades de su gobierno, junto a la paz y la equidad.
El presente documento es una invitación a tener una mirada más comprensiva y compleja de la educación en Colombia, que trascienda los resultados de aprendizaje que se miden tradicionalmente en las pruebas estandarizadas y revise los factores que influyen en el logro de dichos resultados. El aprendizaje está mediado por condiciones físicas, humanas,
políticas, pedagógicas y éticas que debemos garantizar.
Para avanzar hacia la construcción de una política pública educativa que se oriente a garantizar las condiciones para que todos logren los más altos aprendizajes, como un derecho fundamental, es necesario comprender cuáles son las condiciones que hacen posible el aprendizaje, entender en qué estamos en Colombia respecto a ellas, y trazar caminos para avanzar en su consolidación. Este documento es una invitación a revisar lo logrado en los últimos ocho años para fortalecer y escalar lo que funciona, ajustar o cerrar lo que así lo requiera y profundizar sobre temas que son vitales para avanzar hacia la garantía del derecho a la educación.