Entre 2022 y 2026, la educación tuvo una presencia creciente en la agenda legislativa. Durante el cuatrienio estuvieron activos 402 proyectos relacionados con el sector, un 66 % más que en el periodo anterior. Sin embargo, ese mayor número de iniciativas no se tradujo en una proporción más alta de proyectos aprobados: solo 40 culminaron su trámite con éxito.
El nuevo Informe legislativo en educación, elaborado por la Fundación, analiza los asuntos que ocuparon la discusión del Congreso, quiénes impulsaron las iniciativas, hasta dónde avanzaron y cuáles son las decisiones legislativas que podrían contribuir a enfrentar algunos de los principales desafíos del sistema educativo.
De los 402 proyectos identificados, 322 fueron archivados, 35 continúan en trámite y cinco fueron retirados por sus autores. Además, el 97,3 % tuvo origen parlamentario, mientras que apenas el 2,7 % correspondió a iniciativas gubernamentales o mixtas. Aunque el Gobierno presentó solo 11 proyectos, cuatro de ellos fueron aprobados, una tasa de efectividad del 36 %, superior al 10 % registrado para el conjunto de las iniciativas.
El análisis también muestra que el 54,5 % de los proyectos fue asignado a las Comisiones Sextas de Senado y Cámara, encargadas de tramitar buena parte de los asuntos educativos. La Comisión Sexta de la Cámara concentró el mayor número de proyectos discutidos, con 113 iniciativas.
Una agenda amplia, pero todavía fragmentada
Los proyectos se concentraron principalmente en la creación de cátedras obligatorias, que representaron el 20,4 % de las iniciativas, seguidos por propuestas de política pública educativa, con el 16,4 %, y asuntos relacionados con la pertinencia de la educación, con el 7 %.
Por niveles, el 40 % de los proyectos se enfocó en educación preescolar, básica y media; el 30,8 % en educación superior; el 25,1 % abarcó todos los niveles, y apenas el 4 % estuvo dirigido a la educación para el trabajo y el desarrollo humano.
Los resultados muestran una agenda legislativa activa, pero dispersa y con dificultades para convertir las iniciativas en normas aplicables. La mayoría de los proyectos archivados no alcanzó una votación, lo que evidencia que una mayor presencia de la educación en el debate no garantiza, por sí sola, decisiones capaces de transformar el sistema.
Cinco frentes para el Congreso que comienza
Además de presentar el balance del periodo 2022–2026, el informe propone cinco ámbitos para orientar la agenda legislativa de 2026–2030:
Trayectorias educativas, para garantizar que los estudiantes ingresen, permanezcan, aprendan y transiten entre los distintos niveles del sistema.
Gobernanza y financiación, con reglas que permitan distribuir y utilizar los recursos con mayor eficiencia, equidad y autonomía territorial.
Talento humano, mediante un sistema nacional de desarrollo profesional para docentes, directivos, orientadores y agentes de primera infancia.
Evaluación, para recuperar información censal sobre los aprendizajes y fortalecer el seguimiento a la calidad educativa.
Sistemas de información, con plataformas interoperables que permitan seguir las trayectorias de los estudiantes y anticipar riesgos de deserción.
“La educación no necesariamente requiere más proyectos de ley. Necesita acuerdos duraderos, prioridades claras y normas que puedan ponerse en práctica. El nuevo Congreso tiene la oportunidad de concentrar la discusión en las decisiones que realmente pueden mejorar las condiciones para aprender y enseñar”, señaló Andrea Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación.
El informe invita a pasar de una agenda marcada por iniciativas fragmentadas a una conversación legislativa enfocada en resultados, con decisiones medibles, financiables y capaces de responder a los desafíos que enfrentan los estudiantes, los docentes y los territorios.
Consulte y descargue el Informe legislativo en educación: balance del periodo 2022–2026 y cinco apuestas legislativas para 2026–2030.
