En la sentencia T-983 de 2006, la Corte recordó que la prestación de servicios públicos, incluyendo la educación, es una responsabilidad compartida entre el Ministerio y las entidades territoriales. Por lo tanto, señaló que el Ministerio de Educación puede transferir instituciones educativas a las entidades territoriales, para ubicarlas bajo su responsabilidad, siempre y cuando el Gobierno garantice que la entidad trasladada contará con los medios suficientes para ser viable.
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