En la Sentencia T-185 de 2021, la Corte Constitucional estableció que la educación es un derecho fundamental de todas las personas en el territorio nacional, especialmente de los menores de edad. En este sentido, determinó que dicho derecho también es aplicable a los migrantes, por lo que no se les puede negar el ingreso a las instituciones educativas por razones de nacionalidad, ni tampoco mediante la imposición de condiciones irrazonables o desproporcionadas.
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Gestión normativa
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Español